“Taller Seguridad y Soberanía Alimentaria en el Marco de la Nueva Constitución Política”

 

El día martes 11 de noviembre, el Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental (CEDA), Secretaria Técnica de la Coalición Acceso, con  el apoyo de la Universidad Andina Simón Bolívar;  organizaron el Taller de análisis de las propuestas de seguridad y soberanía alimentaria en el marco de la nueva Constitución Política.

 

El objetivo del Taller fue dar a conocer a la ciudadanía el contenido de los artículos de seguridad y soberanía alimentaria presentes en la Nueva Constitución del Ecuador y, a partir de ello, hacer un análisis sobre sus efectos en la promoción de la seguridad y soberanía alimentaria en el actual contexto socio-económico del país.

 

Se contó con la  participación de reconocidos analistas, como el Doctor Miguel Ángel Arvelo, representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), la Doctora Carol Chehal, experta en temas agrícolas y el Asambleista Pedro de la Cruz.

 

El Doctor Miguel Ángel Arvelo, quien abrió el taller, dijo que la seguridad alimentaria es la “existencia de condiciones que posibilitan a los seres humanos tener acceso físico, económico y de manera socialmente aceptable a una dieta segura, nutritiva y acorde con sus preferencias culturales, que les permita satisfacer sus necesidades alimentarias y vivir de una manera productiva y saludable”.

 

Habló de cómo las decisiones que toman las autoridades de una nación, con respecto a la seguridad alimentaria, afectan a la política institucional, sociedad, ambiente, campo tecnológico y economía de un país; y de los factores que generan crisis alimentaria en algunos países del mundo, como por ejemplo, el aumento mundial de la población y el consumismo, la rápida industrialización asiática (China e India), las políticas de subsidios generalizados a la producción de biocombustibles en EE.UU. y Europa.

 

Fueron presentadas algunas estrategias que están utilizando los países latinoamericanos para poder evitar una crisis alimentaria, las cuales son:

 

·         Políticas macroeconómicas de corto plazo, que se orientan a proteger el acceso a alimentos: reducción de impuestos de importación o aumento de restricciones a la exportación, políticas anti-inflacionarias (reducción gasto público, contracción monetaria).

·         Políticas sociales que se han orientado principalmente a proteger la seguridad alimentaria de la población de menores ingresos, casi exclusivamente en los países importadores netos de alimentos y combustibles: transferencia de ingresos, programas alimentarios. 

 

Las recomendaciones que este experto dio a conocer se concentran en:

 

·      Políticas, Planes y Proyectos Coordinados (Reivindicar papel planificador del Estado).

·      Mejorar los sistemas de investigación y desarrollo agrícolas, tanto a nivel nacional como regional e internacional.

·  Aumentar las inversiones en infraestructura rural (caminos,  transporte, comunicaciones, electricidad), servicios de irrigación y agua, servicios de extensión agrícola, y manejo post-cosecha.

·      Estimular las inversiones en agro-negocios privados en las cadenas de valor; y

·      Desarrollar instrumentos de cobertura de riesgos para pequeños agricultores.

 

Por otra parte, la Doctora Carol Chehal considera que “la soberanía alimentaria es el derecho de cada Estado a definir sus propias políticas agropecuarias y alimentarias, enfocadas en la protección y reglamentación de la producción agropecuaria nacional y el mercado doméstico a fin de alcanzar metas de desarrollo sustentable”. Con base a este concepto, la expositora dijo que se da mayor importancia a los derechos del productor y del consumidor, ya que, en la nueva Constitución se trabaja con base a dos pilares de la soberanía alimentaria:

 

·         La soberanía para la autosuficiencia de alimentos; y

·         Soberanía en cuanto uso y acceso a la tierra y agua de riego.

 

Para ella, en el actual texto constitucional se prioriza las acciones y decisiones políticas en beneficio de los pequeños y medianos productores, a través del impulso a la producción agroalimentaria, promoción de políticas redistributivas, mecanismos preferenciales de financiamiento, impedir prácticas monopólicas y fomentar los encadenamientos productivos.

 

El marco normativo de seguridad alimentaria se debe poner mayor protección en los productos de la canasta básica, ya que tenemos que estar prevenidos sobre las consecuencias de la crisis financiera y la próxima época invernal; sin dejar de lado la protección de los productos estratégicos, como la soya, cebada, yuca y maíz.

 

Recomendó la implementación de un programa de soberanía alimentaria de largo plazo, que plantee cambios estructurales y acciones que incentiven la eficiencia, a través, de un trabajo de apoyo a la producción y el análisis de los temas de comercialización y de educación al consumidor, para una mejor dieta adaptada al estilo de vida que llevan los ecuatorianos.

 

Para el asambleista Pedro de la Cruz, hay varias incongruencias entre lo que se plantea la soberanía alimentaria en la nueva Constitución y las medidas del gobierno, ya que mientras plantea el desarrollo, la seguridad y soberanía alimentaria, elabora proyectos de explotación petrolera y minera, las cuales reducirán las zonas protegidas y los territorios agropecuarios, generando como resultado la disminución de alimentos y su comercialización.